PERSONERÍA JURÍDICA MATRÍCULA 32264
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Cablevisión está hoy acorralado por incumplir

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Quien llevó adelante las denuncias contra la firma de Clarín por tarifas, dijo que es posible ir a la justicia penal.
 Por: Tiempo Argentino
Tras la última resolución judicial contra la empresa Cablevisión, el defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, aseguró en diálogo con Tiempo Argentino que por primera vez la operadora de cable del Grupo Clarín no tiene escapatoria y deberá bajar sus tarifas a lo que marca la Secretaría de Comercio Interior.
En una entrevista con este diario, el funcionario asegura que "es un absurdo que exista una empresa de esta magnitud a la que nadie pueda decirle cómo regular sus precios", y considera que "hay un paralelismo con la Ley de Medios" en el uso de estrategias judiciales para ganar tiempo.

La Defensoría del Pueblo comenzó a funcionar en febrero de 2010 y desde entonces acumula unos 30 mil casos, miles de ellos por reclamos contra Cablevisión. En noviembre del año pasado, Bonicatto –junto a un grupo de legisladores– presentó un amparo contra la empresa en nombre de todos los usuarios bonaerenses del servicio de TV por cable para que respetara las tarifas fijadas por la Secretaría de Comercio Interior y devolviera el dinero cobrado de más desde enero de 2011. En los últimos dos años, la prestadora nunca se ajustó al abono básico fijado por la autoridad, que pasó de 109 pesos en 2011 a 123 pesos en 2012 y 130 pesos este año. Facturó, en cambio, 144, 188 y 205 pesos, respectivamente. Hasta un 59% más. Tampoco respetó los fallos en su contra en distritos como La Plata, Roque Pérez, Lobos, Bragado y Chivilcoy.
En diciembre, el juzgado Federal N° 2, que tiene al frente a Adolfo Ziulu, hizo lugar a la medida cautelar pero la empresa apeló. En enero, a raíz de la última suba que informó la empresa, la Defensoría pidió habilitar la feria judicial para tratar el caso. El último viernes, Ziulu intimó a la empresa a que en un plazo de tres días acredite que cumplió con la orden judicial o sus directivos incurrirán en el delito de desobediencia, que prevé prisión. A raíz de los feriados, el plazo vencerá recién el lunes 18.
 
–¿Qué pasa si la empresa no acata la intimación?¿Cómo sigue el camino judicial?
–Si la empresa no acata la intimación, nosotros vamos a plantear que pasen las actuaciones a la justicia penal.  Incurrirá en el delito de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal, que prevé prisión de 15 días a un año para "el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones". Es decir que hay un procesamiento penal con las penas previstas en ese artículo para los directivos de Cablevisión. Pero además vamos a requerir que se le obligue administrativamente a reajustar las tarifas a lo que dice la secretaría. Eso lo tiene que hacer de oficio el juez porque si no seguiría la desobediencia. No puede ser que una empresa que está cumpliendo un servicio público impropio, pero servicio público al fin, ignore no sólo a la autoridad de aplicación sino también a la justicia. Parece un exceso. La Defensoría del Pueblo tiene, institucionalmente, una decisión doctrinaria: no somos neutrales y estamos a favor de los más débiles. Y acá el débil es la persona que no tiene posibilidad de discutir nada.
–¿Cómo analizan el fallo de la justicia marplatense del que se toma la empresa para fundamentar que puede fijar libremente la tarifa?
–Es un fallo que aparece como desconociendo la facultad propia de la Secretaría de Comercio Interior. Desconoce el poder regulatorio del Estado en las tarifas de las empresas que brindan el servicio público. Con ese fallo, Cablevisión pretende no estar regulado por ninguna normativa. A nosotros nos parece que eso es ilegítimo y contrario al criterio de intervención que tiene que tener el Estado en defensa de los derechos de las personas. Es absolutamente liberal y propio de otro momento de caracterización del Estado. Es más, creo que se están basando en alguna normativa de 1991. Ese fallo contraría todos los principios constitucionales y lo vamos a contestar cuando sea el momento oportuno.
–Hay un paralelismo con la Ley de Medios al buscar recursos para ganar tiempo y no cumplir…
–Absolutamente. Hay un paralelismo con la Ley de Medios incluso en términos de tiempo. ya que la empresa incumple desde 2011 y sigue buscando distintos elementos que le permitan no cumplir con la ley ni con los mandatos judiciales. En este caso, ya ahora tienen que cumplir. Es la primera vez que le dicen: "Señores, cumplan, porque si no interviene la justicia penal", pero además mientras tanto va a tener que cumplir igual. Después veremos cómo termina cuando se trate la cuestión de fondo.
–La cuestión de fondo es el reajuste de tarifas y la devolución. ¿Cómo debería hacerse la devolución del dinero cobrado de más a los usuarios?
–Lo tiene que resolver la justicia. Será en forma retroactiva y se verá si es en cuotas. Habrá que hacer un registro de todas las personas que están en la misma situación, es un tema bastante complejo. Lo importante es el reconocimiento del derecho a la gente.
–¿Qué puede esperar el usuario?
–Hay que esperar un poco más pero es la primera vez que la empresa está acorralada en el sentido del cumplimiento. El juez dice: "dejen de plantear recursos, cumplan, y después hablamos". Y si no vamos a dar intervención a la justicia penal.
–¿Hay otras empresas que presten un servicio público sin respetar la autoridad de aplicación?
–No. El único caso de desobediencia concreta es este. Puede haber otro tipo de reclamos en cuanto a si la prestación es buena o mala, como pasa con el agua, la luz. Tenemos muchos casos de esos. Tiene que ver con la discusión de la tarifa… pero hay discusión, acá no. En el inicio del conflicto desde enero de 2011, la Secretaría de Comercio le pidió que muestre las pautas para fijar los precios, que muestre sus costos, y no lo hizo. En enero de este año, la empresa dice: "como me aumentaron los costos, vuelvo a aumentar". ¿Cómo es esa relación? Una relación de poder absoluta, de sumisión. ¿Qué puede decir el usuario? La dilación, que tiene un parangón claro con la Ley de Medios, le permite a la empresa seguir cobrando en función de la diferencia de poder. Es absurdo que exista en el Estado moderno una empresa que presta un servicio de esta magnitud, con la importancia que tiene en la formación de las personas e información considerada como un derecho, a la que nadie pueda decirle cómo regular sus precios.  «

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10/02/2013 (1493)        compartir en facebook compartir en twitter compartir en G+ compartir en Whatsapp



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