PERSONERÍA JURÍDICA MATRÍCULA 32264
DPPJ Pcia. BUENOS AIRES
N° Registro de Entidad de Bien Público 433

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Últimas novedades

La Policía de Morales reprimió a legisladores y dirigentes en Jujuy.

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El presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, Martín Alberti, fue detenido y la diputada Mayra Mendoza fue golpeada por los oficiales.

Diputados nacionales y provinciales, dirigentes políticos y referentes sociales que reclaman la liberación de Milagro Sala fueron reprimidos por la Policía de Jujuy cuando intentaron ingresar a los tribunales de esa provincia para la lectura del veredicto en el juicio contra la líder de la Tupac Amaru.

En medio de la represión, oficiales de la polícia provincial se llevó detenido al presidente del Consejo Delibertante de Hurlingham, Martín Rodríguez Alberti.

Además, una de las agredidas fue la diputada nacional Mayra Mendoza, quien denunció ante C5N: "Lo único cierto es que en esta provincia no hay estado de derecho y se violan todas las garantías constitucionales". Según denunció la legisladora del Frente para la Victoria, fue "golpeada" y "agarrada del cuello" por la Policía.

Está previsto que hoy el Tribunal Oral Federal dicte la sentencia en la causa por el escrache a Gerardo Morales de 2009. El edificio de los tribunales de Jujuy, donde en breve se leerá el veredicto del juicio por el "escrache" a Gerardo Morales producido en 2009, se encuentra vallado y la policía controlaba el ingreso.

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Por la crisis, el Gobierno simplificó el trámite para subsidios a PYMES.

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El Ministerio de Trabajo permitirá que las compañías golpeadas por la recesión accedan a los Repro sólo con enviar un correo electrónico.

Ante la recesión económica e industrial, el Gobierno simplificó el trámite para que micro, pequeñas y medianas empresas accedan a los subsidios del Programa de Recuperación Productiva (Repro). Así quedó establecido a partir de una resolución del Ministerio de Trabajo, publicado en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, las compañías deberán enviar la solicitud de adhesión a la dirección de correo electrónico prpmipymes@trabajo.gob.ar, con cuatro formularios que forman parte del anexo de la resolución.

Uno de esos papeles se relaciona con los datos básicos de la empresa, más la documentación obligatoria y las declaraciones juradas de legitimidad y conformidad del delegado del personal de la empresa y de ausencia de trabajo infantil.

Otro es el informe socio-económico-laboral, el tercer formulario es el de constitución de domicilio electrónico y el cuarto corresponde a la planilla de consentimiento, informado exclusivo para empresas cuya dotación sea inferior a 10 trabajadores.

Los Repro son una suma fija destinada a pagar salarios de una empresa en crisis hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado a la fecha de otorgamiento y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral mediante el pago directo por ANSeS.

Rechazan una demanda de Sabbatella para anular el decreto que eliminó el Afsca.

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó una demanda del ex intendente de Morón Martín Sabbatella para dejar sin efecto un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que eliminó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la sustituyó por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La Sala I de la Cámara desestimó el recurso contra la sentencia de primera instancia que rechazó la acción de amparo promovida por Sabbatella, también ex titular del AFSCA, contra el decreto 267/15, dictado hace casi un año por el presidente Mauricio Macri.

El tribunal remarcó que el dictado de DNU es una "facultad excepcionalísima" que tiene el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que puede ser utilizada cuando una situación que requiere la intervención de los legisladores necesite una solución impostergable.

Los camaristas Manuel Grecco, Rodolfo Fazio y Clara Do Pico recordaron que los DNU deben ser enviados al Congreso Nacional para su ratificación y que solo en el caso de ser desaprobados por ambas cámaras legislativas, los mismos quedan sin efecto.
El DNU 267/15 "fue aprobado expresamente por la Cámara de Diputados, en tanto que la de Senadores a la fecha no se ha expedido", señalaron los camaristas.

"Hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo", dijo el 31 de diciembre de 2015 el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, cuando anunció el dictado del decreto que modificó la ley 26.522, sancionada en octubre de 2009.

Papel Prensa: el juez Ercolini sobreseyó a Magnetto, Mitre y Herrera de Noble.

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El magistrado dejó sin efecto la denuncia que pesaba sobre los dueños de Clarín y La Nación en la causa donde se investiga la venta de la compañía.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó hoy a los empresarios de Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz en la causa Papel Prensa, en la que fueron denunciados por el Estado nacional durante la anterior gestión de gobierno.

"No existen en autos elementos objetivos, imparciales y que de modo unívoco puedan llevar a considerar, cuanto menos con un grado mínimo de probabilidad, que la venta de las acciones de Papel Prensa S.A., acaecida de hace 40 años, en noviembre de 1976, hubiera sido parte, hubiera derivado o hubiera estado condicionada por la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar ocurrida en la Argentina", indicó el fallo.

Ercolini, que ya había rechazado el pedido de indagatorias a los directivos imputados, finalmente sobreseyó a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Guillermo Gainaza y Bartolomé Mitre, entre otros.

Los querellantes Lidia Papaleo de Graiver y Rafael Ianover (ex vicepresidente de la compañía), denunciaron que fueron obligados a ceder el paquete accionario, luego de ser secuestrados y torturados el 2 de noviembre de 1976, tres meses después de la muerte de su dueño, David Graiver, en un misterioso accidente aéreo.

Cristina Kirchner destruyó a Bonadío luego de sobreseer a funcionarios de Cambiemos.

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La ex Presidenta apuntó contra el juez federal que benefició a los que se beneficiaron con la venta del dólar futuro. Señaló que la "causa exhibe el alineamiento del aparato judicial".

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al juez federal Claudio Bonadio por sobreseer a los funcionarios de Cambiemos que estaban imputados en la causa Dólar futuro: "Toda la movida en Comodoro Py alrededor de causa exhibe el alineamiento del aparato judicial contra los anteriores funcionarios".

A través de su cuenta de Twitter, publicó fragmentos de una nota de Página/12 y marcó un párrafo donde menciona a los funcionarios beneficiados por la decisión del magistrado mencionado en una servilleta como "juez adicto" al gobierno de Menem.

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Reflexiones sobre la inseguridad ante el delito.

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En la sociedad actual existe una profunda y desagradable sensación de desamparo, impotencia y temor. Desamparo, por un Estado que se lo quiere reformado y eficaz, pero no retraído, ausente e insensible ante los requerimientos esenciales de su pueblo.

Impotencia, ante los problemas que la desbordan desempleo, pobreza, inflación, recesión, ancianidad y niñez desatendida, corrupción en el Estado, inseguridad ante el delito y tantos otros.
Temor, fundamentalmente, ante un futuro que no se puede vislumbrar de manera positiva.

Por si fuera poco, en medio de todas esas vivencias, opera casi de manera instintiva un “sálvese quien pueda”, que agudiza el cuadro de situación y tiende a generar salidas individuales, por sobre la búsqueda de soluciones integrales y solidarias.

No es el caso de este artículo profundizar toda la temática sugerida, pero sí poder detenernos en uno de los aspectos señalados como disparadores de vivencias negativas, cual es la inseguridad que se genera por la violencia delictiva que hiere y preocupa a la comunidad.

Imputaron a Macri, Prat Gay y Peña por incorporar al blanqueo a familiares de funcionarios.

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Lo hizo el fiscal Marijuan. Pidió investigar al Presidente por modificar una ley por decreto para que los familiares de funcionarios públicos puedan ingresar al programa.

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó este martes al presidente Mauricio Macri por modificar una ley por decreto para que los familiares de funcionarios públicos puedan ingresar al blanqueo de capitales.

La imputación también recayó sobre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, tras una denuncia penal de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, y otros legisladores.

Peña esta mañana volvió a defender la norma cuestionada y dijo que los funcionarios tienen "una enorme tranquilidad" sobre su legalidad.

Por su parte, Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal.

"Tenemos la plena convicción de que lo que se hizo con el decreto de los familiares no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal. Hay una enorme tranquilidad por la medida que hemos tomado", sostuvo Peña, en una conferencia de prensa en el centro cultural CCK.

El dictamen de Marijuán no es formalmente una "imputación" sino el impulso de la investigación por la presunta comisión de un delito de acción pública, que en este caso se insinúa como "incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".

La denuncia sostiene que, por decreto, el Poder Ejecutivo modificó el espíritu de la ley, que en su redacción aprobada en el Congreso excluía del blanqueo a familiares de funcionarios, y por decisión del Ejecutivo, sin intervención del Parlamento, los incluyó.

Marijuán pidió al juez Lijo una serie de medidas de prueba, entre ellas copias certificadas de la ley, el decreto en cuestión, y las actas del debate parlamentario sobre la ley de blanqueo.
Se trata de un primer paso en una investigación en la que, de momento, no hay querellantes, sino que sólo es impulsada por la fiscalía.

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Un intendente explotó contra Cambiemos: "Que dejen de hablar pelotudeces".

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Mario Secco acusó al Gobierno de desaparecer ante los reclamos de los municipios. "Si Ensenada no explota es gracias al trabajo de la intendencia", resaltó.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, estalló contra el gobierno de Mauricio Macri por las políticas de ajuste que provocan desempleo y merma en las ventas de los comercios. "Si Ensenada no explota es gracias al trabajo de la intendencia", resaltó.

Tras advertir que desde la asunción de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires, el municipio tuvo que hacerse cargo de viáticos e insumos para la Policía, los hospitales, las escuelas y aumentar la partida presupuestaria para comedores y merenderos, Secco apuntó: "Cumplieron un año y desaparecieron. Cuando le preguntás cuándo te pagan lo que te deben, desaparecen. Decir que propiciamos que las fiestas terminan mal, me da bronca". Y disparó: "Que el gobierno deje de hablar pelotudeces".

Secco señaló, en diálogo con AM Del Plata, que "el gobierno nacional paró todas las obras y no quiere a la industria nacional" y eso genera consecuencias en Ensenada. "La gente tiene una necesidad muy fuerte. Acá en Ensenada, con los emprendimientos y la obra parada, tengo 5 mil desocupados más y los comercios venden un 35 por ciento menos", afirmó.

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Un año en el poder: los diez programas eliminados o vaciados por Mauricio Macri.

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Se trata de políticas promovidas por el kirchnerismo para favorecer la inserción laboral, acortar la brecha digital y brindar salud y el acceso a la Justicia de sectores vulnerables.

Al momento de aplicar las políticas de ajuste económico, Cambiemos explica que se debe a la "pesada herencia" que le dejó el kirchnerismo. En ese accionar, el gobierno de Mauricio Macri aplica recortes a políticas sociales, educativas y de acceso a la justicia que afectan, principalmente, a los sectores sociales más vulnerables. El Destape tomó 10 de esos programas y estas fueron las consecuencias:


1. Conectar Igualdad

Luego de su nacimiento en 2010, este programa repartió 5.400.000 netbooks a todos los estudiantes y docentes de establecimientos públicos de educación secundaria, especial y de formación docente. Este año, el Ministerio de Educación y Deportes despidió a los 60 empleados del equipo central y solo 6 se quedaron en este programa.

Se priorizaron los perfiles técnicos por sobre los pedagógicos y se desmanteló la área que desarrollaba las capacitaciones, realizaba talleres en escuelas y organizaba encuentros nacionales. Bajo la gestión de Esteban Bullrich solo se repartieron 200 mil computadoras y no se cubrió la totalidad del alumnado que ingresó este año al secundario y se trataba de un remanente de la gestión anterior.


2. Asistir

El gobierno de Mauricio Macri recortó fuertemente el programa Asistir, que depende del Ministerio de Trabajo, a través del cual se brinda información y asesoramiento sobre sus derechos laborales. Cumple una importante función social ya que los principales demandantes de este asesoramiento son personas de bajos recursos.

Hasta diciembre contaba con 20 abogados, dos psicólogos y tres administrativos. Pese a la gran cantidad de despidos, que se aceleraron en el segundo semestre, hoy Asistir funciona con 10 abogados y sin asistencia psicológica.


3. Progresar

En paralelo a los despidos que hubo en el Ministerio de Hacienda y Finanzas, más de 300 mil jóvenes dejaron de percibir el beneficio económico del Progresar. De los 130 despidos en la cartera de Alfonso Prat-Gay, 100 fueron aplicadas sobre los trabajadores del programa lanzado en enero de 2014 por Cristina Kirchner, que quedó sin personal.

El recorte en el Progresar ya se refleja en el número de jóvenes que acceden al beneficio: era más de 960 mil en noviembre pasado y en abril de este año se redujo a 600 mil, según informó el propio Gobierno. Gran parte de los despedidos integraba la red territorial, cuya función era llevar información sobre el programa puerta a puerta en zonas del interior del país donde se hace difícil acceder a ese tipo de información.


4. Argentina Sonríe

El gobierno de Mauricio Macri decidió derogar el programa Argentina Sonríe, lanzado por Cristina Kirchner en diciembre de 2014 y que había atendido a 31.900 personas. Hasta diciembre de 2015 había 2316 personas en tratamiento y 3300 prótesis instaladas. Además, había 626 talleres de prevención de salud bucodental con 11638 participantes. Se hacía limpieza de dientes, arreglo de caries, tratamiento de conducto, extracción dental y colocación de prótesis. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre, que lleva la firma del ministro Jorge Lemus, la decisión fue por cuestiones técnicas.

El corte abrupto del programa, que era gratuito, generó una fuerte demanda a nivel municipal de asistencia odontológica debido a que había tratamientos que estaban inconclusos y cuyos costos en el sector privado oscilan entre 8.000 y 15.000 pesos.


5. Centros de Atención Judicial (CAJ)

Desde la asunción de Mauricio Macri, los Centros de Atención Judicial (CAJ), que ofrecían un servicio gratuito de asesoramiento jurídico, derivación institucional, acompañamiento psicosocial y mediación comunitaria, fueron desmantelados. Hasta diciembre pasado existían 82 CAJ, pero Cambiemos cerró al menos 30, en su mayoría en el conurbano bonaerense, y despidió a más de 200 trabajadores.


6. FinEs

Si bien este programa, a través del cual se puede finalizar los estudios secundarios, continúa vigente, el Ministerio de Educación y Deportes lo trasladó a las provincias que, debido al escaso presupuesto con el que cuentan, tuvieron que ajustar el programa y abrir menos comisiones. Más grave aún, a través de una resolución publicada en abril, la gestión de Esteban Bullrich dio de baja en FinEs en las Universidades, donde ya no se podrán inscribir nuevos alumnos a partir del año que viene.


7. Jóvenes por Más y Mejor Trabajo

Este programa nace en plena crisis internacional del 2008 y apunta a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado la secundaria. el objetivo es la inclusión social y laboral personas afectadas por el desempleo y la precarización laboral.

Hasta diciembre pasado el programa contaba con 21 trabajadores y ahora solo quedaron 7 debido a despidos y reubicaciones. Si bien el contenido de los cursos donde se le hace conocer a la persona sus derechos y obligaciones laborales no cambió, la llegada al territorio, principalmente enfocado en barrios vulnerables, bajó considerablemente al punto de que cayó a la mitad la cantidad de adherentes al programa.


8. Programa de Salud Sexual y Reproductiva

La gestión del ministro de Salud, Jorge Lemus, echó a 55 profesionales que pertenecían a este programa. Sólo 19 conservaron el puesto, pero fueron reubicados en otros sectores. Así, se redujo la capacidad de acción y abordaje territorial de esta área que, en 2015, distribuyó en centros de salud de todo el país 33.212.649 de métodos anticonceptivos.

Quedaron muy afectadas las Áreas de Monitoreo y Evaluación, Fertilidad, Diversidad, Comunicación y Promoción Comunitaria. Hay una imposibilidad de contar con información fidedigna sobre la distribución de métodos anticonceptivos, el seguimiento sobre las prestaciones realizadas por los efectores de salud en los distintos niveles de atención, el seguimiento de la organización de los servicios y la calidad y atención de los mismos. Esto dificulta gravemente la toma de decisiones de la política pública en torno de los derechos sexuales y reproductivos.


9. Plan Qunita

Mediante la resolución 454, publicada en abril en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud dio de baja el plan Qunita con el pretexto de que los elementos que acompañaban las cunas eran "muy riesgosos". El objetivo de Qunita era reducir la muerte súbita de bebés menores de un año y se entregaba de forma gratuita a mujeres beneficiarias de la asignación universal por embarazo.

Tras la entrega de 67 mil kits, en septiembre pasado el juez Claudio Bonadio rechazó acondicionar los objetos y, pese al repudio de neonatólogos y pediatras, ordenó la destrucción de 60 mil kits. UNICEF cuestionó la decisión y pidió que se revean los aspectos técnicos. Bonadio cambió de opinión y dijo que reutilizar los materiales del Plan Qunita es decisión del Ministerio de Salud.


10. Argentina Innovadora 2020

Luego del recorte de 3.000 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología para 2017, las consecuencias se empiezan a observar en los programas de la cartera que conduce Lino Barañao. Desde el CONICET denunciaron que para el año próximo ingresarán un 60% menos de investigadores al organismo, lo que representa la cifra más baja desde 2004.

Esto choca contra el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva "Argentina Innovadora 2020", que se lanzó hace tres años y que fijaba el objetivo de alcanzar 5 investigadores por cada mil habitantes de la población económicamente activa.

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Denuncian penalmente a Majul y Lombardi por el contrato del millón.

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El diputado Tailhade solicitó investigar la irregular compra de los derechos de un video de la productora La Cornisa por $960 mil pesos.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó este martes una denuncia penal ante la Justicia Federal por la polémica compra realizada por parte de la secretaría de Hernán Lombardi a la productora La Cornisa, perteneciente al empresario de medios Luis Majul, por los derechos de un video de 4 minutos a cambio de cerca de un millón de pesos.

El legislador del Frente Para la Victoria solicitó abrir una investigación en perjuicio del conductor televisivo y dueño de La Cornisa Producciones, el titular de la Secretaría de Medios Públicos, y de los posibles funcionarios involucrados en la irregular contratación por "defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles". La demanda recayó en el Juzgado Criminal y Correccional número 2, a cargo de Sebastián Ramos.

En este sentido, Tailhade describe que la compra de "los derechos del video", tal como describió Lombardi, es cuanto mínimo "llamativo", dado que la productora de Luis Majul ya había recibido un subsidio no reembolsable de Santa Fe para llevar a ese distrito la muestra completa y no sólo video "De Walsh a Lanata, 40 años de periodismo argentino", a cambio de unos trescientos mil pesos ($300.000), lo que representaría un tercio de lo que percibió por el corto, que es parte de la exhibición en cuestión.

Además, en escrito presentado este martes ante la Justicia, el diputado resalta que "la cronología de las relaciones políticas y económicas de Luis Majul con el actual gobierno distan de la vinculación al recientemente estrenado film que Lombardi invoca", y asegura que el empresario de medios, entre 2008 y 2014, recibió "más de 300 contrataciones por casi 14 millones de pesos" por parte del gobierno porteño, de las cuales "algunas de ellas" se dieron "de manera directa, sin licitación, para la realización de eventos y servicios de distribución de folletería".

Es por esto que el diputado nacional solicitó "establecer si el pago en cuestión no está asociado a otro tipo de contraprestaciones comunicacionales del principal beneficiario de esta contratación", dado que, entiende, Majul es un "periodista de alto reconocimiento, formador de opinión pública y analista permanente de la política nacional".

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Un año fuera de la ley Por Gonzalo Carbajal

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Se aproxima el primer aniversario del gobierno de Mauricio Macri y con él recibiremos andanadas de informes que intentarán dar cuenta de balances sobre la gestión del “nuevo” gobierno. Este fin de semana las tapas de los diarios de mayor circulación se anticiparon a la fecha y en su interior comenzaron con los fuegos artificiales. Les cuesta ocultar el desastre, pero lo intentan.

Es raro esto de nombrar como nuevo a un gobierno que lleva un año y además remeda versiones anteriores. El brutal endeudamiento de estos meses nos trae a la memoria al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La persecución judicial y la recesión provocada nos recuerdan la idea de hacer desaparecer de la historia al peronismo y a la ¨columna vertebral”, el movimiento obrero. La detención irregular de Milagro Sala horada el frente externo.

En materia de comunicación el año que culmina se parece mucho al menemismo en su vocación re-reguladora, con extranjerización de medios y fuerte concentración. Pero el panorama no es tan simple. Para poder tener un balance más abarcador la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) convocó a el 2º Encuentro Federal por la Comunicación Democrática el viernes pasado. Producto de esa actividad es fruto el documento del cual hemos tomado el título para esta nota y que intentaremos comentar en la idea de que la comunicación no es un tema de periodistas y dueños de medios. La sociedad toda debe involucrarse en su planificación, diseño y gestión en tanto la frontera entre política y comunicación es cada vez más difusa.

Los más de 150 participantes del encuentro propiciado por la CCD, enumeraron una serie de aspectos que van desde decisiones de gestión hasta intenciones políticas en los que podemos encontrar la mano de las espadas que se hicieron conocidas por su oposición acérrima a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) que reemplazó al decreto-ley de la Dictadura -es bueno recordarlo-.

Comienza el documento caracterizando la situación actual como “de riesgo” para la comunicación social y la libertad de expresión en función de haber decidido impulsar por Decreto de necesidad y Urgencia cambios que hubieran requerido de una Ley del Congreso Nacional. Así, la pluma de Mauricio Macri y alguno de sus ministros terminó resolviendo por sobre la voluntad de millones de compatriotas que habían participado del proceso de construcción de una legislación más amplio del que se tenga memoria. Por decreto Macri resolvió disolver la AFTIC y la AFSCA (órganos que regulaban las actividades de las telecomunicaciones y la comunicación audiovisual) y los comprimió en un solo ente cuya mayoría controla el Poder Ejecutivo. Junto con ello se cargó la representación territorial y sectorial en los Consejos Federales que acompañaban la gestión como órganos participativos revisores y de dictado de políticas.

La desaparición del Fútbol para Todos como instancia de recepción gratuita de contenidos deportivos, la entrega de frecuencias del espectro radioeléctrico sin concurso para beneficio de sociedades privadas y la autorización para que empresas ya dominantes en el mercado adquieran otras con las que consolidan sus posiciones son parte de lo que se trató el viernes pasado en el Congreso Nacional.

Claro que todo esto no se hace a la vista de todos, la oscuridad en las decisiones es la norma. El Ente Nacional de Comunicaciones (que reemplazó a AFSCA y AFTIC) continúa sin publicar sus actas de reuniones. A espaldas de la sociedad de toman decisiones que consolidan el poder de los más poderosos. Mientras dilatan el pago de dinero adeudado de los concursos establecidos por ley, hacen un simulacro de debate en reuniones cerradas, sin acceso al público y ofrecen una “ventanilla de participación” por medio de un formulario en el que caben trescientos caracteres. Así fueran tres mil, estaríamos en la misma posición. Las políticas de comunicación se deben discutir de cara al conjunto de la sociedad y no entre cuatro paredes.

La concentración tiene una consecuencia directa: la censura. El poder dominante de unos pocos ahoga la pluralidad en los medios de comunicación. Menos programas, menos canales, menos trabajo. Es un círculo vicioso que sólo favorece a los dueños de los medios más grandes y a los poderes políticos con los que se asocian para extraerles favores. Historia repetida.

Una de las experiencias más novedosas que trajo la Ley de SCA fue la creación de la Defensoría del Público. Pues bien, terminado el mandato por cuatro años de la primera defensora, la Alianza Cambiemos con la anuencia del Frente Renovador ha resuelto dejar acéfalo a este órgano.
Las ciudades pequeñas y medianas conocen bien el fenómeno de la retransmisión de contenidos generados en Buenos Aires. La repetición de emisiones creadas y concebidas para otro lugar actúa como tapón a contenidos locales y al trabajo de decenas de miles de personas en toda la Argentina. Para complicar más las cosas, o para favorecer a las emisoras más grandes de Buenos Aires, la firma de Macri decidió ampliar el tiempo permitido para retransmitir, ahora se puede hacer hasta la mitad del tiempo en el aire, antes el límite era un tercio.
Todos estos temas y algunos otros son denunciados en el documento de la CCD que es producto del encuentro relatado, pero que recoge el debate de meses a lo largo y ancho del país en todas las ciudades donde la Coalición tiene funcionamiento.

Los desequilibrios entre Norte y Sur, entre la Capital Federal y el resto del país, entre las capitales de las provincias y el resto de su territorio, no son nuevos. Pero no por viejo el debate deja de ser necesario. Mucho menos cuando desde fines de 2009 una Ley del Congreso nos había puesto a la cabeza del mundo. De un mundo que quería ser soberano y entendía que sin cambiar el modo en el acceso y distribución de la información y las comunicaciones era casi imposible pensar en una verdadera democracia.

El documento referido culmina señalando un camino. Dice que “El derecho humano a la comunicación requiere hoy acceso universal y gratuito a redes de banda ancha y las plataformas que permiten intervenir en el flujo de contenidos digitales. Los contenidos han sido y son el motor que impulsó el exponencial desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información y el Conocimiento). El desafío es equilibrar los flujos de circulación de manera horizontal y preservar los contenidos nacionales y regionales sin interferencias, favoritismos o imposiciones de mercado”.

Difícil para un gobierno que ha hecho de la ampliación de brechas y los desequilibrios su manera de gobernar. Complicado para los CEOs que pueblan la Casa Rosada y que piensan solo en negocios. Para ellos hablar de “políticas activas de conectividad universal, alfabetización digital, fomento de la apropiación popular de las tecnologías e impulso a contenidos locales y nacionales” es directamente hablar otro idioma.

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La Coalición denuncia acciones ilegales del gobierno

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 La Coalición denuncia acciones ilegales del gobierno: la comunicación está en peligro
Por: Comuna

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La modificación de leyes por decreto, las medidas que profundizan la posición dominante de empresas privadas en la comunicación y las que perjudican expresamente a medios no comerciales fueron denunciadas por la Coalición por una Comunicación Democrática, en plenario nacional.
   Las acciones gubernamentales, en un año de gestión, ponen en riesgo la vigencia del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, dice la declaración final de la organización que agrupa a medios cooperativos y sindicales, universidades, comunicadores, productores radiales y audiovisuales, músicos, actores, televisoras y radios comunitarias, y muchas otras organizaciones y sectores.
   En un plenario nacional realizado el 2 de diciembre en una sala del Anexo de la Cámara de Diputados, gracias a la gestión de legisladores opositores, representantes de varias provincias informaron sobre la situación de los medios no comerciales y respecto de la acción de los capítulos locales de la Coalición, en algunos casos sobre avances y en otros sobre dificultades para resistir la ofensiva gubernamental contra la comunicación democrática.

El Destape te explica por qué se beneficia Franco Macri con los nuevos cambios del blanqueo.

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Todo lo que necesitas saber sobre la fuga de capitales. Cuando vuelvas a escuchar que se la "robaron toda", acordate de este informe.
  
Mientras desde la jefatura de Gabinete, Marcos Peña, defendió el decreto que incorporó a todos los familiares de funcionarios públicos al blanqueo de capitales y, paradójicamente, negó que algún integrante del Gobierno pueda salir favorecido por esta medida, Iván Schargrodsky y Dario Gannio te muestran por qué es falso.

La medida se establece en su artículo 6 que la "exteriorización de capitales" podrá ser realizada en los casos de bienes y tenencia de moneda que puedan acreditar que son anteriores al momento en el que su familiar haya ingresado al Estado.

Esto permitiría que, por ejemplo, Mariano Macri, hermano del presidente, pueda declarar, en caso de tenerlas, cuentas offshore que haya abierto en los 80 y 90, cuando estuvo activa la firma Fleg Trading, descubierta en el escándalo internacional conocido como los Panamá Papers y de la cual era director.

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Echaron a un humorista crítico de Macri en Radio Nacional.

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El cordobés Max Delupi, uno de los creadores de Telma & Nancy, afirmó que fue despedido de la emisora públcia por su posición política.

Max Delupi es el conductor del programa de Radio Nacional "La Coca es pal Fernet" y su programa fue borrado de la grilla de la emisora para el año que viene.

Según Delupi contó a El Destape, esta decisión de la radio pública se debe meramente a una cuestión política. "Después de cinco años me dejan afuera de la programación. Dicen que quieren hacer una radio federal y me sacan a mí que represento a Córdoba. Dicen que van a poner un programa de San Juan, pero en realidad es por una cuestión política", afirma.

El periodista era muy crítico con la gestión de Mauricio Macri. "Si fuéramos unos olfas seguro seguiríamos", contó a este portal. La radio esta bajo la órbita de Hernán Lombardi, el titular del Sistema de Medios públicos y uno de los referentes del relato macrista.

En su cuenta de Twitter escribió: "Nos vamos de Nacional con el orgullo de no ceder la palabra al hambre y la desocupación". Y agregó en otro mensaje: "Triste es quedar en la historia como un tipo que censura a otros". Y expresó: "Todavía no nació el liberal que me deje sin micrófono. Nunca nos vencer porque no tienen razón histórica. Son proletarios del sentido".

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Tras once meses, el Gobierno de Macri avanza en la demorada Ley de Medios.

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En marzo le presentarán la propuesta para debatir en el Congreso. La directora de Enacom anticipó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada".
 
Luego de destruir la Ley de Medios aprobada por los tres poderes del Estado, el macrismo después de once meses avanza en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios. Según el oficialismo, es con el objetivo de ofrecer una "infraestructura adecuada", que le permita a los ciudadanos tener "acceso a internet de banda ancha".

Así lo manifestó la directora del Enacom, Silvana Giudici, en declaraciones formuladas en la Casa Rosada, donde participa de un encuentro preparatorio para la constitución del Consejo Federal de Comunicaciones (Cofeco). Ese consejo consultivo estará conformado por las provincias, los sindicatos y las organizaciones sin fines de lucro.

La funcionaria confirmó que hoy se está "trabajando en una nueva ley de Telecomunicaciones y de Medios", y adelantó que el objetivo es "tener una infraestructura de comunicaciones adecuada y que cada ciudadano tenga acceso a internet de banda ancha".

Respecto a la unificación de la ley de Telecomunicaciones y Medios, Giudici afirmó que "la premisa es la pluralidad de voces", y aclaró que la iniciativa propone que haya "un marco regulatorio que no permita que haya una sola voz preponderante". Y adelantó que "en marzo del año próximo" le presentarán al presidente Mauricio Macri la propuesta para ser enviada al Parlamento.

Telefónica amenaza con denunciar al gobierno de Macri por beneficiar a Clarín.

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La compañía de telecomunicaciones está enojada porque el multimedio que conduce Héctor Magnetto opera en distintos mercados con el respaldo de Cambiemos.

El gobierno de Mauricio Macri intenta evitar un fuerte conflicto con Telefónica, la principal compañía de telecomunicaciones, y le pide que dialogue con el Grupo Clarín para limar sus diferencias sobre las reglas del mercado.

Telefónica, que opera en Argentina desde 1990 y controla cerca de un tercio del mercado de telefonía móvil del país, se quejó de que Cambiemos favoreció a Clarín desde que llegó al poder en diciembre.

El enojo pasa porque Clarín arregló los activos de telefonía móvil y espectro con planes para vender paquetes de Internet, televisión por cable, telefonía fija y servicios móviles. Mientras que Telefónica no puede ofrecer paquetes similares porque Macri extendió la prohibición de que los operadores telefónicos lo hagan por lo menos a principios de 2018.

Clarín no ha comenzado a ofrecer servicio telefónico porque todavía necesita la aprobación final del Gobierno, mientras que Telefónica en julio presentó una queja alegando que Clarín adquirió injustamente sus licencias de telefonía móvil. Una resolución consensual permitiría a Macri evitar ser percibida como favorecedora de un lado sobre el otro.

Según detalla la agencia de noticias Bloomberg, Telefónica envió a dos altos ejecutivos a la Argentina para tener reuniones con funcionarios del Gobierno. Telefónica le advirtió al Gobierno que buscará un arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas sobre Inversiones del Banco Mundial (CIADI).

Otra preocupación para Telefónica es que el Gobierno podría autorizar la adquisición por parte de Clarín de Telecom Argentina SA, principal rival de telefonía fija de Telefónica, y así combinar su unidad de TV por cable con Telecom.

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SENSACIONES,REALIDADES Y ANHELOS SOCIALES Por el Dr Rodriguez Villafañe

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SENSACIONES, REALIDADES Y ANHELOS SOCIALES

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    La inseguridad jurídica es uno de los sentimientos que más angustian en este momento. Se percibe tramposa la realidad y todo se vuelve precario. La sensación de injusticia nos inunda y la vivimos como náufragos librados a la suerte.
    En Democracia la ley y su aplicación debe buscar, siempre, de buena fe y de manera previsible, construir una sociedad justa, igualitaria, equitativa y solidaria, y con mayor razón en este momento de tremenda crisis social, económica y política.
    Resulta importante reflexionar sobre la profunda y desagradable sensa-ción de desazón que existe en nuestra sociedad. Esta sensación tiene mucho que ver con la crisis de una política, como la actual, que tornó absoluto un mo-delo económico, sin compensarlo o adecuarlo a una estrategia integral de de-sarrollo humano y de país. Lo que ha generado, entre otras manifestaciones, una particular división de nuestra sociedad. En la realidad palpable de nuestra Argentina se puede observar la existencia de tres grupos que socialmente vi-ven de manera patológica el sistema que nos rige. Ellos son los que podemos denominar como los privilegiados, los excluidos y los rehenes.

La excusa de Lombardi sobre el bajo rating de los medios públicos.

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El titular del Sistema Federal de Medios Públicos desdramatizó la baja en las mediciones y afirmó que "están para complementar a los privado".

El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, relativizó la caída del rating de los medios de comunicación públicos. En esa línea, señaló que las radios y los canales estatales no deben "competir contra el minuto a minuto".

Para Lombardi, "en una Argentina plural y diversa, lo público tiene que representar esa diversidad y complementar a lo privado". En 2016, el rating de los medios de comunicación estatales cayeron a menos de la mitad comparados con el 2015.

En el contexto de una sesión del 13° Consejo Federal de la Televisión Pública, que se realizó en el salón del Hotel Amerian Casino Galas de la ciudad de Resistencia, Lombardi afirmó: "Si bien a todos nos gusta que nos vea mucha gente, nuestra responsabilidad es que los contenidos públicos, que son esenciales, sean de excelencia, culturales, educativos, sociales y gratuitos".

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La UIA desmintió a Macri y no garantizó que no habrá más despidos.

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El vicepresidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, advirtió que "no tienen facultad para obligar" a los empresarios a no echar más trabajadores.

Lo que parecía ser una victoria del gobierno de Mauricio Macri, se desvaneció en poco tiempo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca y el viceministro de Gabinete, Mario Quintana, aseguraron en conferencia de prensa que hubo "un compromiso de no despedir hasta marzo de 2017" junto a empresarios y dirigentes de la CGT.

Sin embargo, el vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, advirtió que nadie, ni esa entidad ni el Gobierno, tiene potestad para evitar despidos ni por cuatro meses.

Funes de Rioja afirmó que la entidad "no" tiene "facultad para obligar" a los empresarios a no despedir personal, pese al promocionado acuerdo. "La UIA no tiene estatutariamente facultades para obligarlos" ni a evitar despidos ni a otras cosas", remarcó De Rioja.

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Beatriz Paglieri Desmiente

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Atenta a la difusión por parte de los medios de una denuncia que me involucra, de la cual no he tomado conocimiento ni notificación alguna al momento, me siento en la obligación y con el derecho a informar que:

• NO conozco, NI he tratado, a las personas involucradas en los hechos denunciados.
• NI la Secretaria de Comercio Exterior a mi cargo, NI yo en forma personal hemos tenido jamás participación alguna en el tratamiento y/o aprobación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) ni de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Servicios (DJAS).

Alguna prensa, que ya sabemos cuál es, utiliza de forma malintencionada la difusión de una noticia sobre una denuncia que un fiscal, en el ejercicio de sus funciones, está obligado a realizar. 

Este proceder se inscribe en el marco de la estrategia de difamar a todos aquellos que hemos participado del informe PAPEL PRENSA, LA VERDAD y que defendemos la causa Nacional y Popular.

No obstante todo lo dicho, estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que fuera posible para el esclarecimiento de los hechos denunciados y dilucidar si hubo personas que cometieron delitos invocando falsamente mi nombre.

Lic. Beatriz Paglieri

Firman el segundo compromiso antidespidos.

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El Gobierno nacional acordó con empresarios y gremios frenar desvinculaciones hasta marzo. El primero que consiguieron fue incumplido a los siete días de ser firmado.

El Gobierno llegó con empresarios y sindicalistas a un "compromiso de mantener los puestos de trabajo" hasta marzo de 2017. En conferencia de prensa tras la reunión de la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo, el ministro laboral, Jorge Triaca, informó que se llegó a un "compromiso de mantener los puestos de trabajo" hasta marzo de 2017.

"Tenemos que poner la productividad como una batalla de todos, no de unos contra otros. Habrá que ver si hay convenios que están frenando esto", agregó el secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Mario Quintana.

A la vez, Quintana indicó que también se trataron "temas estructurales que hacen a la competitividad de la Argentina" y anunció que habrá tres mesas sectoriales (construcción, agropecuario y logística) y cuatro temáticas (desarrollo de proveedores, empleo para jóvenes, capacitación y empleo en negro).

En mayo el Gobierno ya había logrado un acuerdo similar con los empresarios por 90 días, pero fue incumplido desde la semana siguiente por la mayoría de las compañías firmantes. Mauricio Macri prefirió este acto simbólico y vetó la ley antidespidos que había sido sancionada en el Congreso.

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Ataque a la libertad de prensa: el Gobierno no descarta mover la sala de la Rosada.

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Pese a los cuestionamientos, Marcos Peña confirmó la intención de Cambiemos de trasladar la oficina de periodistas, en el marco de un "plan de mejoras".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, reconoció la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri de trasladar la Sala de Periodistas de la Casa de Gobierno, en el marco de un "plan de mejoras" que se desarrolla en el lugar, pero aseguró que se efectuaría en "consenso" con quienes allí desempeñan funciones.

Peña señaló que "dentro de todo el plan que se está haciendo de mejoras y de recuperación de la Casa Rosada, se está analizando la posibilidad de mejorar las condiciones físicas para el trabajo de los periodistas, pero se hará en consenso con todos los periodistas acreditados".

Sin embargo, cuando se le planteó si podría comprometerse a que la Sala permanecerá en el mismo lugar, del primer piso de Balcarce 50, el funcionario respondió: "El compromiso es a dialogar".

Según trascendió, el Gobierno proyecta alejar la Sala de Periodistas del despacho presidencial, que funciona en el mismo piso, bajo el argumento de eventuales reformas edilicias, aunque la iniciativa coincide con las dificultades crecientes que encuentra la prensa para acceder a los funcionarios.

Lavagna redobló sus críticas contra Macri: "Este Gobierno termina en el colapso".

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El ex ministro de Economía sostuvo que esta gestión se trata de "un modelo que funciona con endeudamiento y ajuste".

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna insistió en que "este tipo de modelo que combina tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el bolsillo del grueso de la población enflaqueciéndose, el empleo debilitándose, indefectiblemente requiere el endeudamiento externo e indefectiblemente termina en una situación de colapso".

"Éste es un modelo de ajuste. Cuando vos tenés que el salario ha caído alrededor del 8%, cuando vos tenés cifras oficiales que dicen que se han perdido 120.000 puestos de trabajo en blanco, más una cifra indefinida -pero no inferior a ésta- de trabajos en negro; cuando tenés la tasa de inflación actual, con tasas de interés altísimas, como las de los últimos siete u ocho meses, y con un dólar que se empieza a atrasar, tenés un modelo de ajuste", advirtió Lavagna.

El economista que integra el Frente Renovador agregó que se trata de "un modelo que funciona con endeudamiento, cosa que empieza a ocurrir".

"Hablando de macroeconomía, no hay miles de modelos. Hay modelos de ajuste, en general con atraso cambiario, la tablita de la época de los militares, la convertibilidad de la época del gobierno democrático de Menem, y hay una visión alternativa, del otro extremo, populista, que en general tiene un componente de atraso cambiario. En algo se identifican. El actual (modelo) se identifica cada vez más con el final del gobierno de Cristina Kirchner en esa materia", dijo Lavagna en declaraciones al diario La Nación.

Al ser consultado sobre las críticas que recibió del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, consideró que "cuando uno dice algo que molesta al gobierno de turno, enseguida te tiran los perros encima".
Y sobre la comparación que hizo Prat Gay entre él y Hebe de Bonafini, respondió: "¡Qué elegancia! ¡Qué sutileza! Si ésta es la manera con la que analizan la realidad argentina, estamos mal. Si ésta es la dirigencia y, sobre todo, la que pretende ser la nueva dirigencia, estamos mal". "Digamos las cosas como son: la tasa de interés es alta, es altísima, a punto tal que ninguna empresa puede competir con el Estado cuando toma los fondos. Es cierto que el dólar arrancó a 15 pesos después de la devaluación para ajustar el error del gobierno anterior, y que después lo dejaron caer hasta 13 y pico, y que hace unos días tocó 14 y algo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto que están emitiendo deuda masivamente? Bueno, si es cierto, discutamos los efectos de eso", agregó.

Además, señaló: "Es también una práctica habitual en la Argentina. La pesada herencia es habitual, en parte porque los gobiernos tienden a fracasar y dejan una situación complicada: fracasó el gobierno de Alfonsín, fracasó la convertibilidad, fracasó el gobierno de la Alianza y obviamente fracasó el gobierno de Kirchner, si se mira en términos de crecimiento y bienestar social, que es lo que importa".

Y pidió tener "cuidado con echarle la culpa a (Donald) Trump" porque así "empiezan a ocultar los errores y los fracasos de política económica". "Ayer leía que se decía que hay que terminar con la inflación para crecer. ¡Y no! Es al revés. Hay que empezar a poner la economía en marcha para frenar la inflación. En una economía chica y relativamente cerrada como es la Argentina, los costos fijos tienen un peso fenomenal", subrayó.

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Micheli advirtió que si Macri veta la Emergencia Social "se va a complicar".

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El titular de la CTA Autónoma planteó que "el Gobierno no tiene posibilidad de garantizar que se frene la ley porque no tiene mayoría en el Congreso".

El jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, advirtió que si el Gobierno vetara la Ley de Emergencia Social y Alimentaria "se va a complicar" la situación para fin de año, en tanto sostuvo que los trabajadores "no" van "a terminar de estar en la calle".

Tras la media sanción que la ley de emergencia obtuvo en el Senado, Micheli planteó que "el Gobierno no tiene posibilidad de garantizar que se frene porque no tiene mayoría en el Congreso".

No obstante, ante la posibilidad de que se apruebe en la Cámara baja y la Casa Rosada vete la ley, cuestionó que el presidente Mauricio Macri "agarre a la democracia y diga 'Empieza el partido cuando yo llego' y se termina cuando se lleva la pelota".

Consultado sobre el escenario social para fin de año, el titular de la CTA admitió que "no quisiera hacer una medida de acción directa", aunque advirtió que "obviamente", si se vetara la ley, "se va a complicar".

Micheli aclaró que si bien la CTA participaría de la marcha al Congreso, sus dirigentes no ocuparían el escenario porque "no" comparten "el acuerdo de la CGT con el bono, que llegando a fin de año no resuelve el tema del poder adquisitivo".

Así, cuestionó con dureza a los dirigentes cegetistas al recordar que cuando el Gobierno vetó la ley antidespidos, "no fueron al paro para rechazar la decisión", por lo que se preguntó "por qué" Macri "no va a vetar esta nueva ley ahora".

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Rotundo fallo judicial: confirman que las offshores son ilegales en la Argentina.

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Una fiscal ratificó que estas sociedades se usan para lavar dinero y evadir impositiva. Las similitudes con el caso del presidente Mauricio Macri.

Mauricio Macri se encuentra imputado por omitir declarar a Fleg Trading y Kagemusha ante el fisco, pero es investigado por lavar dinero con la primera. Por otra causa, un fallo de la Cámara Comercial ratificó recientemente que las offshores son ilegales en la Argentina.

Tanto las dos sociedades integradas a la causa como las otras 18 vinculadas a la familia Macri fueron creadas en paraísos fiscales. Las offshores como tales suelen tener prohibido operar dentro del país donde son creadas. Esa es la razón por la que Bahamas no registró transacciones comerciales de Fleg Trading Ltd allí.

La bahameña, en cambio, transportó U$S 9,3 millones negros a Brasil para comprar acciones que estaban en manos de otra empresa de la familia. El objetivo final era llevar Pago Fácil a la nación carioca, pero nunca se alcanzó.

El dinero siguió luego su ruta y se dividió en dos sociedades de Macri en la Argentina, tal como documentó el diputado denunciante Darío Martínez en la causa de los Panamá Papers. Más tarde, se reenvió a Brasil.

En Argentina fueron declaradas ilegales las offshore y todas sus operaciones en 2005, cuando Ricardo Nissen encabezó la Inspección General de Justicia. Las registradas fueron obligadas a readecuarse.

La Justicia ratificó esta decisión el 25 de octubre. La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin por el caso de la quiebra de Petroex Uruguay SA, una offshore uruguaya. La funcionaria esgrimió que estas sociedades "constituyen verdaderas herramientas para el ilícito, para cuya conformación sus motivaciones conllevan casi siempre algún grado de ilicitud".

"Su sentido no es otro que eludir responsabilidades legalmente exigibles. Así se defrauda a la sociedad toda tributariamente, a terceros acreedores o se utilizan para blanquear dinero cuyo origen es desconocido o imposible de declarar por su ilegalidad, ya sea porque no fue denunciado fiscalmente o por provenir de la corrupción, del narcotráfico del tráfico de armas o del terrorismo", afirmó. Boquin presumió en este caso que "no se trata de una verdadera sociedad constituida en el extranjero sino de una sociedad que en fraude a la ley se constituye en otro país para realizar su actividad en la República Argentina".

Petroex era uruguaya, pero sólo registró operaciones en este país. Fleg Trading, en cambio, no figura en las bases de datos oficiales porque técnicamente nunca ingresó al país, pero sí sus dólares.

El caso Macri importa más en Brasil

El diputado Martínez, del Frente para la Victoria, fue invitado a exponer sobre "Panamá Papers: El caso Macri" en la II Conferencia Regional de Latindadd en Porto Alegre, Brasil, del 16 al 17 de noviembre.

En la mesa económica sobre la crisis económica y el fraude tributario transnacional también participan diversos especialistas, como Juan Valerdi, consultor en tributación internacional de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.

Martínez denunció a Macri por lavado de dinero en abril, cuando el nombre del Presidente emergió en los documentos filtrados del estudio de abogados Mossack Fonseca. Desde entonces, el jefe de Estado ha desestimado la investigación; sólo adujo que la sociedad "no tuvo operaciones" y que "está todo bien".

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La increíble defensa del Gobierno a los nombramientos de familiares.

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El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, admitió que algunos puestos en la "alta dirección" se cubren por "cercanía o vínculos" con los funcionarios.

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, defendió el nombramiento de familiares en la estructura del Estado, al admitir que algunos puestos en la "alta dirección" se cubren por "cercanía o vínculos" con funcionarios, pero afirmó que el objetivo es "concursar y tener una carrera pública profesional".

En ese sentido, aclaró que es una situación "que viene de años, no es de ahora", y contó que "de las 3 mil personas que son directores nacionales, generales o coordinadores, solo siete están por concurso".

"Obviamente, cuando se llega a un Gobierno, uno comienza a cubrir los puestos, las posiciones, y puede ser que algunas por cercanía, por confianza, pero también por idoneidad, sean desempeñadas por gente que tiene algún grado de vínculo", sostuvo Ibarra en diálogo con La Red.

De todas formas, el ministro afirmó que "lo importante es que la decisión es ir concursando toda la alta dirección pública, o al menos, la mayor parte". Sobre eso, añadió: "El objetivo es concursar y tener una carrera pública profesional, que se base en concursos transparentes. Esa es la idea a la que vamos".

El domingo pasado, Canal 13 difundió un informe titulado "nepotismo", sobre los funcionarios de primera línea, de Cambiemos y kirchneristas, que contrataron familiares para que trabajen en la administración pública.

Entre los funcionarios denunciados, figuran la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete, Marcos Peña y los ministros Jorge Triaca, Patricia Bullrich, Carolina Stanley, Oscar Aguad, Andrés Ibarra, Rogelio Frigerio, Alfonso Prat Gay y Gustavo Santos.

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